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La ciudadanía española no puede votar
a su jefa o jefe de Estado; en su Constitución, la palabra "Rey"
aparece en 37 ocasiones; y se ven obligados a aceptar para siempre,
lo que les hicieron votar hace treinta años, tras cuatro décadas
de miedo y tergiversación. En este panorama, la plena libertad no
existe, y el ejército sigue teniendo una importancia capaz de condicionar
el silencio de gran parte de la clase política, que parece haberse
resignado a pensar.
A los efectos de análisis, supondremos que el Partido Socialista
Obrero Español es un partido republicano, si bien, el rigor impuesto
por el pragmatismo y las responsabilidades de gobierno le han obligado
a adoptar un discurso a mitad de camino entre el silencio y la contradicción.
Sinceramente, si el fundador —Pablo Iglesias—, levantara la cabeza,
y tuviera ocasión de oir decir al compañero Presidente del Gobierno,
decir que el monarca es "bastante republicano"... la verdad, no
sé lo que pasaría.
No faltarán quienes afirmen que esto es una incorrección política,
un exabrupto o un desatino, pero estimo que la única razón por la
que el PSOE no es más claro en este asunto, es el miedo.
¿Miedo a qué? Miedo a unas fuerzas armadas, cuya lealtad democrática,
el gobierno —en pleno 2004—, no se arriesga a comprobar. Miedo a
una nueva reacción de la Derecha tradicional, católica y ultranacionalista
española, cuyos pequeños temblores de aviso podemos sentir a diario
a través de las declaraciones de determinados líderes políticos,
en el nivel de crispación existente en algunos medios de comunicación
y por las amenazas vertidas por cada vez más numerosos y destacados
miembros del ejército. Y no: adelantar dos meses un pase a reserva
ya programado no significa poner a prueba la lealtad democrática
de las feurzas armadas… lo que de verdad supondría una prueba de
fuego de la obediencia del poder militar al poder civil sería que
éste —por mandato de la ciudadanía, expresado en las urnas—, resolviera
emprender alguna de las reformas que el país necesita y que el estamento
militar siempre ha considerado "extremadamente delicadas", verbi
gratia: abolir la monarquía; celebrar un referéndum de autodeterminación
en alguna parte del territorio; abandonar la OTAN; reorganizar la
cúpula militar, racionalizando el número y la proporción de mandos,
y adecuándolos a las necesidades reales de la seguridad nacional;
reducir drásticamente el presupuesto de Defensa y destinándolo a
otras partidas presupuestarias más útiles para el conjunto de la
sociedad, como sanidad, cultura, educación… entonces veríamos hasta
qué punto son demócratas, aquellos quienes basan su poder en la
amenaza del uso de la fuerza.
Sea como fuere, considerando pues, que el PSOE es un partido republicano
(aunque no se atreva a confesarlo en público), a la vista de los
resultados electorales obtenidos en marzo de 2004, podemos concluir
que en el actual panorama, la proclamación de la República no es
aún viable. ¿Por qué? Muy fácil: si nos atenemos al texto de la
actual Constitución Española (la de 1978), y contando por adelantado
con la negativa en redondo del Partido Popular, vemos que todavía
estamos muy alejados de los porcentajes requeridos para emprender
una reforma constitucional de estas características. Además, el
sentido común nos dice que no es recomendable la aprobación de un
Texto Base sin partir del consenso de las mayores fuerzas del país,
dado que ello abriría la puerta a períodos de inestabilidad política,
cuyas consecuencias —desgraciadamente—, hemos tenido que conocer
en diversas ocasiones, los últimos dos siglos.
En la actualidad, los 148 escaños del Partido Popular en la Cámara
Baja, aunque aislado en la cerrazón de sus posicionamientos políticos,
suponen una representatividad de algo más del 42%, y su decidida
apuesta por una oposición destructiva, hace inabordable cualquier
propuesta de mejora del marco político existente.
En el Parlamento español, la mayoría absoluta la concede el número
mágico de 176 escaños, la mitad más uno de los 350 de los que se
compone. Contando con una mayoría absoluta en el Congreso de los
Diputados, el gobierno de turno puede estar seguro de superar sin
problemas cualquier moción de censura, cuestión de confianza, aprobación
de presupuestos, debate sobre el estado de la nación, convalidación
de Reales Decretos —facultad excepcional, que permite legislar al
Ejecutivo—, y en general, cualquier otra eventualidad que de otro
modo pudiera encontrarse a lo largo de los cuatro años de legislatura.
Eso, unido a la ausencia de una jefatura de Estado democrática y
a una virtual fusión de poderes, supone el ejercicio de un poder
que a efectos prácticos, podríamos calificar de absoluto.
Y no es una cuestión baladí, puesto que en la práctica, esa mayoría
absoluta, unida a la total ausencia de mecanismos de control democrático,
fue lo que hizo posible que España se viera inmersa en una guerra
de agresión, contra el mandato de las Naciones Unidas, basada en
falsedades, que supuso la pérdida de centenares de miles de vidas
humanas, la total destrucción de las infraestructuras públicas y
la desvertebración del delicado equilibrio de fuerzas que permitían
la convicencia cívica en Iraq. En efecto, el gobierno de José María
Aznar, se valió de la mayoría absoluta conseguida en las elecciones
del año 2000, para esquivar la acción del control parlamentario,
nombrar a persoans de confianza en las más altas instituciones del
poder judicial y así tener vía libre para eludir todo tipo de responsabilidades
causadas por su acción de gobierno, como la pésima gestión de las
catástrofes medioambientales, el inicio de desproporcionadas obras
para la gestión de los recursos hídricos del país, estimular la
confrontación civil entre los habitantes de diferentes territorios
del estado, y, como guinda máxima, una ignominiosa gestión informativa
ante los trágicos hechos del 11 de marzo de 2004, cuando un comando
de Al Qaeda atentó de modo indiscriminado contra la población más
desfavorecida de Madrid (aproximadamente 1.200 víctimas mortales,
entre quienes a primera hora de la mañana, hacían uso de los medios
de transporte público para desplazarse desde los suburbios del extrarradio
a trabajar a la capital).
No cabe duda de que, si en tan desafortunada cadena de acontecimientos,
España hubiera dispuesto de la figura de una Presidencia de la República,
ésta habría hecho uso de sus capacidades de veto y control, para
impedir o minimizar el impacto de una acción de gobierno que bien
podría calificarse de despótica. En efecto, sea un miembro del própio
partido de gobierno o del de la oposición, el equilibrio de poderes
que proviene de la contraposición de las figuras públicas en un
sistema de República, reduciría el margen de discrecionalidad del
que muchas veces abusan los gobernantes al disponer de mayoría absoluta.
En la España de nuestros días, esta función correspondería al Rey,
pero, éste se encuentra con las manos atadas, por un lado, porque
su ambición personal le impide dar ningún paso que entrañe algún
peligro para la continuidad de su privilegiado status real, y por
otro, porque en la mente de toda la ciudadanía se encuentra bien
fresco el recuerdo de su connivencia con el régimen del dictador
Franco, con quien compartió tareas de gobierno ilegítimo, y quien,
en pago a los servicios prestados, finalmente le nombró sucesor.
Por tanto, por sentido común, alguien con semejante pasado carece
de la más elemental legitimidad para inmiscuirse en los asuntos
públicos, aún cuando fuera preciso, por el momento político y por
la idoneidad de su cargo para tal función.
Una Presidenta de la República no habría dudado en destituir al
Primer Ministro Aznar, cuando éste decidió invadir Iraq, pero el
Rey, que es quien debería haberlo hecho, no tenía agallas, tanto
por falta de autoridad moral, como por miedo a perder su paraíso
vitalicio y hereditario.
Por lo demás, en cuanto a los resultados electorales de 2000, con
183 escaños en manos del partido fundado por un ministro de los
gobiernos del dictador Franco… poco se podía hacer para abordar
la necesidad de convertir la monarquía en democracia.
Jaume d'Urgell |
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